El caso Tlatlaya y el fuero militar

Elementos militares en la ciudad de Toluca, Estado de México

Elementos militares en la ciudad de Toluca, Estado de México

Por: Daniel Ortega Sendra / foto: mexico.cnn.com

El pasado 30 de junio se dio la ejecución de 22 miembros de una presunta banda de secuestradores en la localidad de Tlatlaya. El 20 de septiembre iniciaron investigaciones relacionadas con el suceso por parte de la PGR (Procuraduría General de la República) y el 25 fueron detenidos ocho militares involucrados en el hecho, entre ellos tres a los que se acusa de homicidio e infracciones a la disciplina militar.

La versión oficial indica que 22 presuntos delincuentes fueron abatidos en enfrentamiento con elementos del Ejército, hecho ocurrido el 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya, Estado de México. Sin embargo, en algunos medios se maneja la versión de que los militares ejecutaron a las personas a pesar de que ya se habían rendido.

La información sobre el hecho fue obtenida por la AP (Associated Press) y la revista Esquire, en su edición mexicana. Ambos medios revelaron el testimonio de una testigo del incidente. En éste, la mujer dice que durante el enfrentamiento armado, cuando los delincuentes ya se habían rendido, los militares no se detuvieron y los asesinaron; entre ellos su hija de 15 años. La CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) aseguró que también entró en contacto con la testigo.

Los ocho elementos se encuentran en la prisión del Campo Militar Número Uno y están a disposición del Juzgado Sexto Militar. La mañana del 25 de septiembre, el titular de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional), Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo en un evento en la Universidad Anáhuac, que el Ejército respetará los derechos humanos de la población civil y quien no lo haga será puesto a disposición de “las instancias jurídicas correspondientes para que sean ellas las que determinen lo conducente”.

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam ha explicado en conferencia de prensa que los militares “incurrieron en el exceso de la fuerza”. “Al cesar los disparos (tras el enfrentamiento), ingresaron tres de los elementos militares y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna”. Sin embargo, ha dicho que no se puede afirmar que los civiles fueran ejecutados.

El pasado mes de abril, el Senado aprobó la reforma que limita el fuero militar en los casos en que miembros de las Fuerzas Armadas cometan delitos contra civiles, luego de ocho años de exigencias de organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones civiles.

Los cambios al Código de Justicia Militar y otras cuatro normatividades, establecen que los militares que cometan cualquier delito que afecte a ciudadanos deberán ser procesados por la justicia civil, no por tribunales castrenses, como ocurre actualmente. Según organizaciones civiles, el número de afectaciones contra civiles ha crecido desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón recurrió al Ejército y la Marina para combatir a la delincuencia.

Durante la administración del expresidente, de 2006 a 2012, activistas señalaron que esa estrategia de seguridad fomentaba las violaciones a los derechos humanos porque los militares no están entrenados para estar en constante contacto con civiles. El actual mandatario, Enrique Peña Nieto, ha mantenido al Ejército y a la Marina en tareas de seguridad pública.

En 2011, el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional en derechos humanos que limitó el fuero militar, al obligar a las leyes mexicanas a adecuarse con lo que señalan los tratados internacionales en la materia firmados por México. Sin embargo, la reglamentación de la reforma ha estado pendiente desde entonces y todavía necesita el aval de ambas cámaras legislativas.

Con el surgimiento de sucesos como éste, el debate sobre la limitación del fuero militar siempre revive. Actualmente esta discusión se encuentra muy trabada. Tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla y termina el proceso jurídico en este caso para ver si se reanima el debate sobre nuevas reformas al Código de Justicia Militar.

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